| Notas: | Siempre ha existido una intensa relación no exenta de cierta tensión- entre el Derecho administrativo y las fundaciones. Dado que durante el siglo XIX se construyeron conceptual y jurídicamente ambos sistemas: las fundaciones como participación privada en tal consecución, y la Administración pública y el Derecho administrativo como una cierta monopolización de tal fin (el {plusmn}servicio público{BB}), así como con un papel de supervisor de la vida institucional y jurídica. Por tal razón, la fundación, institución peculiar dentro de Derecho civil, es únicamente autorizada por el poder público en cuanto cumple tal fin {plusmn}de interés general{BB}. En este libro se examina cómo la vinculación entre público y privado no es algo extrínseco o añadido, debido al fin que cumple la fundación o, menos aún, en una necesidad de fiscalización institucional, sino que es consustancial a la esencia propia de la fundación. Y, así, su ser ha de entenderse no tanto bajo el prisma de la concurrencia colaborativa en el logro del {plusmn}interés general{BB}, cuanto en que tal iniciativa privada con aceptación pública, se inserta en toda la estructura estática y dinámica de la fundación: fin, patrimonio, y sujetos; nacimiento-negocio fundacional, vida y extinción-liquidación, respectivamente. Esto no quiere decir que las fundaciones sean entes administrativos, pero sí obliga a una profunda revisión de su identidad y, con ella, de la protección jurídica del patrimonio y la responsabilidad de sus órganos directivos, verdaderos valedores privados de interés general; situación que exige re-visitar su negocio, operaciones y extinción. Por todo lo cual, tampoco es fácil admitir, jurídicamente, su utilización por parte de los poderes públicos, dado que, conceptualmente, desnaturaliza la esencia de ambos conjuntos jurídicos. Y es que la fundación es, a decir de Garrido Falla, una institución que {plusmn}seguramente autoriza a una revisión de las categorías jurídicas generales{BB}. |
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