| Sumario: | En el contexto internacional, hace tiempo que la política criminal contemporánea ha sustituido el viejo patrón decimonónico que contemplaba las conductas de corrupción como mero asunto de funcionarios públicos, para pasar a advertir la amplia lesividad colectiva que se deriva a medio plazo del hecho de que la inversión en corrupción por parte de los distintos operadores económicos pueda ser más rentable para ganar mercados que la inversión en tecnología y eficiencia. La tipificación de la corrupción en el sector privado en España (2010) es en último término un efecto de esa estrategia supranacional anticorrupción. Pero, consecuencia directa del Derecho de la Unión Europea, pasó a pertenecer al Derecho interno sin apenas debate social ni parlamentario, pareciendo encontrar en la propia invocación de los compromisos supranacionales adquiridos toda su justificación. El balance hasta la fecha se resume en que el nuevo art. 286 bis del Código Penal español ha asistido antes a su propia reforma (2015) que a su efectiva aplicación por los tribunales, aunque sí se detecta en realidad cierta actividad en el uso de este título de imputación cuando viene acumulado a otras figuras, particularmente cuando la conducta aparece acompañada de perjuicio para la empresa del sobornado (aunque dicho perjuicio no pertenezca al tipo de corrupción).
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