| Sumario: | La normativa de contratos públicos, tanto a nivel nacional como comunitario, se encuentra en un "permanente" movimiento jurídico, lo que casa mal con la idea de segurididad jurídica y predictibilidad que deberían ser paradigmas en un sector de tanto interés económico y social como este. La Unión Europea acaba de aprobar un nuevo paquete legislativo -el cuarto- sobre la contratación pública y concede un plazo de transposición a los Estados de dos años (abril de 2016). Los cambios de esta nueva regulación -con bastantes imprecisiones- son de mayor calado de los que una simple lectura pudiera hacer pensar. Por ello, parece oportuno dar cuenta de las principales novedades y cómo estas deben articularse en el nuevo marco normativo nacional. Se ofrece aquí, aún de forma sucinta, una visión de las reflexiones que sugiere este nuevo paquete legislativo, que intenta presentar de forma sistemática los principales cambios y su implicación en la práctica en España.
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